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En el año 1999, a solicitud de la Fundación CECROPIA y de diversas organizaciones ambientalistas y comunales de la Península de Osa, un equipo de investigadores de la Universidad de Costa Rica y de otras instituciones realizaron un análisis del impacto ambiental de la extracción de árboles del bosque natural en la Península. La información proporcionada por esta investigación demostró como la actividad maderera ponía y pone en peligro la supervivencia de los bosques de Península de Osa. Las condiciones de la extracción de árboles, las características del bosque y la falta de planificación de la actividad en general, son un peligro permanente para la integridad de la biodiversidad y recursos físicos de la región. El informe fue presentado ante las comunidades de la Península de Osa y ante el MINAE en agosto de 1999, y muchas presentaciones más han realizado a lo largo de estos años. El citado informe incluía, entre sus capítulos finales, una serie de medidas de carácter general para ordenar esta actividad y para impedir que el "manejo forestal" se volviera un simple procedimiento administrativo para legalizar la deforestación, particularmente en la Península de Osa. Sin embargo, durante la administración anterior, ni el MINAE, ni la señora Ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, ni las autoridades de la Oficina Nacional Forestal, ni del FONAFIFO, fueron capaces de aceptar estas recomendaciones y comenzar las grandes reformas que en ellas se proponen. Debe reconocerse, no obstante, que la actual administración ha emprendido acciones importantes para disminuir la tala ilegal, aumentar la cobertura de los incentivos para conservación y permitir la extracción de bajo impacto de madera seca y caída.
A pesar de que en la Península de Osa el número de planes de manejo forestal ha disminuido en comparación con hace tres años, esto ha ocurrido por la exigencia de más requisitos para su aprobación, por presión de los diferentes procesos legales abiertos en su contra. Sin embargo, muchos planes han continuado desarrollándose en la Península, y las condiciones generales que favorecen la deforestación y destrucción de los recursos forestales de la Península de Osa continúan vigentes. Por ejemplo, el célebre plan de manejo de la empresa COOPEMADEREROS, que se desarrolló en una finca colindante con el Parque Nacional Corcovado, en San Miguel de Cañaza. A inicios del año anterior, a raíz de una denuncia presentada por los vecinos, el MINAE cerró dicho plan de manejo al comprobarse diversas irregularidades, que fueron confirmadas, ampliadas y documentadas por un estudio técnico realizado por Cecropia a solicitud de la Fiscalía de Golfito. En el estudio se determinó la afectación de zonas declaradas de recarga acuífera, la apertura de trochas ilegales y de claros de hasta casi 2 hectáreas, y la corta de árboles no autorizados, entre otros problemas. Junto con la denuncia, el MINAE decomisó cerca de 260 tucas, que paradójicamente poco tiempo después fueron dadas en custodia a la misma empresa denunciada, previo pago de un irrisorio monto como
depósito, bajo el argumento de que solamente se podían decomisar las tucas cortadas ilegalmente. Luego, a mediados de este año, la Fiscalía de Golfito, la Procuraduría y el MINAE, llegaron a un acuerdo conciliatorio con los imputados representantes de la Cooperativa, incluyendo la suspensión del proceso a prueba, el pago de una indemnización de alrededor de 180 mil colones para la Escuela de Cañaza, la donación de dos mil arbolitos de cuatro especies nativas al Comité de acueducto de la misma comunidad y dos sacos de fertilizante! De esta manera un daño al bosque, suelo y recursos hídricos, que fue ampliamente documentado, se reduce al pago de multas ridículas en un supuesto plan reparador que no repara en nada el impacto ocasionado y menos mitiga sus efectos ecológicos y económicos.A manera de recordatorio para las autoridades forestales del país, y para
conocimiento del público en general, transcribimos un resumen de dichas
propuestas:
1. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS FORESTALES La explotación forestal en la
Península de Osa está fundamentada, en su mayor parte, por un documento, el
"plan de manejo forestal". Este básicamente está restringido al
análisis de un área limitada por la finca objeto del contrato de regencia. El
MINAE sólo verifica la información dentro de los límites de esa unidad de
manejo, y eso cuando la inspección realmente ocurre. Este procedimiento debe
ser modificado de tal forma que el manejo forestal sea planificado por área
territorial dentro de la Península. Deben establecerse límites estrictos de
corta e intervención del área boscoso para cada región inclusive
con la posibilidad de prohibir definitivamente el manejo forestal en áreas
donde la protección de cuencas y de corredores biológicos sea prioritaria. El
papel del equipo técnico del estado debe ser mucho más activo, efectivo y
organizado. Debe contar con una base de datos con los planes aprobados en años
anteriores, información científica y territorial relacionada con la
zonificación de la reserva forestal, capacidad de uso de la tierra forestal,
uso de la tierra, mapas de finca etc. En este nuevo orden, el papel del regente
forestal sería substituido en gran parte
por la actividad coordinada de un equipo profesional del Estado, y los planes de manejo dejarían de ser requisitos para cortar árboles.
2. AMPLIACIÓN DE LAS AREAS PROTEGIDAS Debido a la pérdida acelerada de la
cobertura boscosa en la Península de Osa, y a la reducción del área de
bosques maduros en el país, es necesario proteger algunas áreas de bosques que
son claves para la región. Esto podría darse a través de diferentes
mecanismos, entre ellos la ampliación de reservas privadas de la Península.
Esto requiere una agilización y apertura del pago de servicios ambientales para
protección de bosque, especialmente para que este subsidio a la protección sea
accesible a cientos de pequeños propietarios campesinos de la Reserva Forestal.
En este sentido recientemente se ha dado un importante avance, al ser aprobado
un decreto Ejecutivo que permite el pago de incentivos para conservación a
poseedores sin título. Esta medida, sin embargo, aún hace difícil el acceso
de los campesinos, toda vez que requiere de trámites onerosos para realizar el
plan, contratar la regencia y hacer los trámites legales. En esta ampliación
de las áreas de protección debe ser prioritaria la protección y recuperación
de la cobertura forestal en zonas críticas, cuya pérdida está llevando a la
fragmentación definitiva de importantes áreas de bosque continuo. Entre dichas
zonas están la Fila de Mogos, las partes altas de la cuenca Chocuaco-San Juan y
sectores ubicados al Norte del Parque Nacional Corcovado entre Drake y Rancho
Quemado-Banegas, y la faja de bosque que comunica el extremo SE de la Península
con el Parque Nacional Corcovado. En la actualidad se discute en la Asamblea
Legislativa el proyecto de Ley de Conservación Privada, presentado por el
Diputado Quírico Jiménez, uno de los autores del Estudio del Impacto de los
Planes de Manejo y del trabajo de evaluación del impacto ambiental del plan de
manejo de Coopemadereros. Este documento, así como otros proyectos y leyes,
pueden solicitarse a la Lic. Sandra Urbina, en la Asamblea Legislativa (sumohs@congreso.aleg.go.cr)
3. MAYOR PROTECCIÓN PARA LAS ESPECIES MADERABLES Algunas especies maderables explotadas en la Península de Osa, como el nazareno, el ajo, el areno, la fruta dorada, y otras, deben ingresar a la lista de veda de explotación comercial. Su explotación comercial debería estar fundamentada en estudios profundos de su fenología (comportamiento estacional), polinización, dispersión de semillas y reclutamiento, que puedan servir para evaluar el efecto de su extracción sobre la viabilidad de estas poblaciones. Como prioridades de protección y estudio se encuentran las especies dioicas (plantas de diferentes sexos), las especies de clasificación taxonómica dudosa y aquellas que por su carácter endémico (existen sólo en un área específica) a la región o por su escasez en otras zonas del país merece la definición de una veda temporal o permanente.
4. APOYO A LA PROPIEDAD RURAL CAMPESINA Desde el punto de vista de la
economía de la Península, la explotación forestal ha funcionado como una
fuente de recursos rápida y de bajo riesgo de inversión, comparada a otras
actividades económicas. Esta especie de "caja chica" de la economía
regional termina mejorando la condición económica del sector maderero y en
mucha menor proporción los ingresos de los propietarios o poseedores de las
fincas. La seguridad de esta fuente de ingreso es mucho mayor si se compara a
las dificultades de la actividad agrícola tradicional, especialmente la de la
pequeña propiedad campesina. Paralelo al desarrollo de mayores restricciones a
la explotación comercial de los bosques de la Reserva Forestal de Golfo Dulce,
es necesario que el Estado costarricense, así como ONG's y organizaciones
comunales, inviertan recursos captados en al ámbito nacional e internacional
para la conservación ambiental, en el apoyo a la actividad agrícola
tradicional de los pequeños agricultores de la zona y en el pago de servicios
ambientales exclusivamente dirigidos a la protección de bosques.