En el año 1999, a solicitud de la Fundación CECROPIA y de diversas organizaciones ambientalistas y comunales de la Península de Osa, un equipo de investigadores de la Universidad de Costa Rica y de otras instituciones realizaron un análisis del impacto ambiental de la extracción de árboles del bosque natural en la Península. La información proporcionada por esta investigación demostró como se había y se continúa poniendo en peligro la sobrevivencia de los bosques de Península de Osa por la actividad maderera. Las condiciones de la extracción de árboles, las características del bosque y la falta de planificación de la actividad en general, son un peligro permanente para la integridad de la biodiversidad y recursos físicos de la región. El informe fue presentado ante las comunidades de la Península de Osa y ante el MINAE en agosto de 1999, y muchas presentaciones más han realizado a lo largo de estos años.

El citado informe incluía, entre sus capítulos finales, una serie de medidas de carácter general para ordenar esta actividad y para impedir que el “manejo forestal” se volviera un simple procedimiento administrativo para legalizar la deforestación, particularmente en la Península de Osa. Sin embargo, después de dos años de presentadas estas recomendaciones, ni el MINAE, ni la señora Ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, ni las autoridades de la Oficina Nacional Forestal ni del FONAFIFO, han sido capaces de aceptar estas recomendaciones y comenzar las grandes reformas que en ellas se proponen. A pesar de que en la Península de Osa el número de planes de manejo forestal ha disminuido en comparación a su número hace dos años, esto ha ocurrido por la exigencia de más requisitos para su aprobación, por presión de los diferentes procesos legales abiertos en su contra. Sin embargo, muchos planes continúan desarrollándose en la Península (por ejemplo, el célebre plan de manejo de la empresa COOPEMADEREROS), y las condiciones generales que favorecen la deforestación y destrucción de los recursos forestales de la Península de Osa continúan vigentes.

La explotación forestal en la Península de Osa está fundamentada, en su mayor parte, por un documento, el “plan de manejo forestal”. Este básicamente está restringido al análisis de un área limitada por la finca objeto del contrato de regencia. El MINAE sólo verifica la información dentro de los límites de esa unidad de manejo, y eso cuando la inspección realmente ocurre.

Este procedimiento debe ser modificado de tal forma que el manejo forestal sea planificado por área territorial dentro de la Península. Deben establecerse límites estrictos de corta e intervención del área boscosa para cada región, inclusive con la posibilidad de prohibir definitivamente el manejo forestal en áreas donde la protección de cuencas y de corredores biológicos sea prioritaria. El papel del equipo técnico del estado debe ser mucho más activo, efectivo y organizado. Debe contar con una base de datos con los planes aprobados en años anteriores, información científica y territorial relacionada con la zonificación de la reserva forestal, capacidad de uso de la tierra forestal, uso de la tierra, mapas de finca etc. En este nuevo orden, el papel del regente forestal sería substituido en gran parte por la actividad coordinada de un equipo profesional del Estado, y los planes de manejo dejarían de ser requisitos para cortar árboles.

En esta ampliación de las áreas de protección debe ser prioritaria la protección y recuperación de la cobertura forestal en zonas críticas, cuya pérdida está llevando a la fragmentación definitiva de importantes áreas de bosque continuo. Entre dichas zonas están la Fila de Mogos, las partes altas de la cuenca Chocuaco-San Juan y sectores ubicados al Norte del Parque Nacional Corcovado entre Drake y Rancho Quemado-Banegas, y la faja de bosque que comunica el extremo SE de la Península con el Parque Nacional Corcovado.

Desde el punto de vista de la economía de la Península, la explotación forestal ha funcionado como una fuente de recursos rápida y de bajo riesgo de inversión, comparada a otras actividades económicas. Esta especie de “caja chica” de la economía regional termina mejorando la condición económica del sector maderero y en mucha menor proporción los ingresos de los propietarios de las fincas. La seguridad de esta fuente de ingreso es mucho mayor si se compara a las dificultades de la actividad agrícola tradicional, especialmente la de la pequeña propiedad campesina.

Paralelo al desarrollo de mayores restricciones a la explotación comercial de los bosques de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, es necesario que el Estado costarricense, así como ONG’s y organizaciones comunales, inviertan recursos captados a nivel nacional e internacional para la conservación ambiental, en el apoyo a la actividad agrícola tradicional de los pequeños agricultores de la zona y en el pago de servicios ambientales exclusivamente dirigidos a la protección de bosques.