Estado de la prensa

Con el asesinato de Parmenio Medina Pérez el sábado, 7 de julio, el país de Costa Rica se vio encaminado en una dirección imprevista, penosa, e irreversible, pues es el primer periodista en la historia de esta nación asesinado como resultado del ejercicio de su profesión. Cabe mencionar que en el atentado contra Edén Pastora durante una conferencia de prensa en La Penca, frontera Nicaragüense, en 1984, murió la periodista del Tico Times, Linda Frazier, un camarógrafo de La Nación, y su asistente, pero eso no fue en suelo Costarricense, y no fueron ellos los marcos.

La trágica muerte del destacado productor de radio de este país, reconocido a través de 28 años de la difusión del programa La Patada en Radio Monumental, coincide con un período de intenso escrutinio doméstico e internacional al estado de la prensa costarricense. Desde hace mas de 50 años, Costa Rica ha mantenido la distinción de ser el estado latinoamericano con mas libertades humanas, con la democracia mas estable y duradera, y con la calidad de vida de su ciudadanía mas alta de todos los países en Centroamérica y América del Sur. ¿Como puede ser con los organismos democráticos tan establecidos en este país que se le ha calificado a Costa Rica en cuanto a la libertad de la prensa a la par de países como Cuba, Guatemala, Nicaragua, y Colombia?

En su reunión anual en marzo del 2001 en Fortaleza, Brasil, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), constituido por 1300 periódicos y revistas en la esfera latinoamericana, criticó fuertemente al gobierno Costarricense a raíz del fallo emitido el 2 de noviembre del 1999 en contra del periódico matutino La Nación y el periodista Mauricio Herrera por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. La corte le obligó a Herrera a pagar una multa y a inscribir su nombre en el registro judicial de delincuentes por su reportaje referente a un exfuncionario diplomático Tico y denuncias contra él en diarios de La Bélgica. En ese entonces el SIP señaló: “La legislación penal costarricense sobre los llamados ‘delitos contra el honor’ y el desacato crea un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa y que varias de sus disposiciones contradicen las normas de tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatorio.” Las resoluciones tomadas referentes a Costa Rica son las siguientes

· Instar al Poder Ejecutivo y a las autoridades legislativas costarricenses para que impulsen y aprueben reformas al marco jurídico aplicable a la libertad de prensa con el fin de modernizarlo y adecuarlo a los modernos procesos judiciales.

Instar a los jueces costarricenses para que los criterios de aplicación de la ley tomen en cuenta la necesidad de un clima de libertad amplio para la discusión de los asuntos de interés público.

Una encuesta publicada en La Nación durante la visita de los representantes de la SIP reveló que el 55% de periodistas han recibido amenazas relacionado al desempeño de sus labores profesionales. La SIP se quejó de que la “industrial cantidad de demandas” que se ve en este país ha fomentado un ambiente de autocensura por parte de la prensa nacional, lo cual nos priva de la expectativa de que nuestros medios de información realmente nos informen de los sucesos y opiniones que necesitamos para ejercer capacitadamente nuestros deberes cívicos en preservación de la democracia y poder gozar de una libertad intelectual y personal.

Tres días antes del asesinato de Medina, una misión de la SIP llegó a San José para pedir a la legislatura garantías y respeto a la libertad de la prensa. Durante esa visita, el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, señaló su satisfacción “de que los periodistas costarricenses no fueran blancos de la violencia.” En los últimos 8 meses se han registrado 11 asesinatos de periodistas en Colombia, Guatemala, México, Uruguay, y últimamente Costa Rica. Según la SIP son 221 periodistas que han muerto violentamente en los últimos 11 años en Latinoamérica.

Convirtamos este luto triste en un punto de partida para fortalecer la democracia ejemplar que ejercemos en este país. Mientras los investigadores esclarecen el móvil específico del crimen y los responsables para llevarlos a la justicia, es hora ya de examinar minuciosamente las leyes que impiden el ejercicio libre de la prensa en este país, instrumento fundamental para la preservación y expansión de nuestra invalorable democracia.

La dolorosa ironía de lo sucedido es que el radiolocutor asesinado emigró de su natal Colombia en 1962 específicamente para ejercer su profesión sin temor de represalias y es el primero en caer en suelo costarricense por tal razón.